La política que escucha a los ciudadanos
Uno de los valores más importantes con los que cuentan las zonas rurales de Extremadura es el modelo de convivencia existente, y si tenemos en cuenta que la práctica totalidad del territorio regional es rural, es fácil comprender que Extremadura posee un enorme valor, al que por cierto se ha referido siempre Fernández Vara, conocedor de la realidad extremeña y de las potencialidades que esta tierra tiene cara al futuro. Esta forma de ser que nos caracteriza es consecuencia de la herencia histórica de un banco de conocimientos y saberes populares y de un modelo de sociedad - llamémosla ruralizada- que se caracteriza por la escasa influencia de elementos externos que podrían distorsionar e incluso transformar esa genuina y peculiar fórmula de compartir y de interactuar entre las personas, que nos enriquece y nos sitúa en un lugar privilegiado con respecto a otros modelos preocupados más de otros componentes (técnicos, económicos y financieros) que de los aspectos humanos y antropológicos.
Suele ocurrir que cuando se diseñan las políticas europeas concretas en base a una serie de objetivos o líneas estratégicas, específicamente quiero referirme por afiliación profesional y territorial a las relacionadas con el desarrollo de áreas y espacios del medio rural, no se tiene en cuenta, al menos con el peso específico suficiente, la propia idiosincrasia de las personas o comunidades a las que se dirigen, preocupándose más de aspectos generales que de las especificidades de cada territorio, y sin tener en cuenta cuáles son las inquietudes y las percepciones que con respecto a un área determinada tienen la población que más directamente tiene relación con ella, porque será quien se beneficie o perjudique con su aplicación directa, a la hora de la ejecución y puesta en marcha de los programas que la desarrollan. Los Grupos de Acción Local, integrados y participados por los diferentes agentes sociales y económicos de los territorios en los que se ubican se encuentran con una serie de imposiciones o de principios estratégicos elaborados sobre los que no tienen demasiada capacidad de maniobra, aunque si disponen de un espacio para la formulación de particularidades territoriales que puedan ajustarse o encajarse en la política de nivel superior, lo que supone cierta contradicción con respecto a lo que llamamos “enfoque ascendente participado” que articula procesos de participación en la planificación del desarrollo rural de un determinado espacio, en ocasiones muy encorsetado en determinadas acciones o actividades de desarrollo, sobre las que se articulan ayudas o incentivos, descartando otras que sin estar enmarcadas en las políticas específicas, son tanto o más necesarias que aquellas.
El reto pues de la política y programas de desarrollo rural empieza a estar en romper de algún modo esta formulación heredada que en cierto modo se nos impone, para poder contribuir desde lo que se denomina ahora “gobernanza local” o participación social en la planificación y el diseño del modelo de desarrollo que cada territorio, o mejor dicho que los pobladores de ese espacio diseñen en base a un proceso de investigación participativa, demasiado influenciado por la justificación de resultados y el logro de objetivos, y ajeno a ese valor añadido que supone disponer de un modelo de convivencia adecuado y que permitiría con las técnicas y el esfuerzo adecuados lograr un desarrollo más armónico y totalmente consensuado y respaldado con el uso del diálogo, la interacción, la empatía y la identidad específica que caracteriza a cada barrio, a cada pueblo y a cada comarca. Se trata en definitiva de que hemos de reflexionar sobre si estamos dispuestos a avanzar y progresar en base a modas o a disponibilidad de recursos económicos, más que en fundamentaciones profundas emanadas de la dinamización y sensibilización de la población local en torno a un tema concreto, cuyo éxito entiendo contribuye más a cohesionar un territorio, a fortalecerlo ante amenazas externas y sobre todo a conservarlo tal y como lo hemos heredado, logrando con ello esa sostenibilidad sobre la que tanto se habla y que casi siempre se aplica al aspecto medioambiental, ignorándose su aplicación en campos tan importantes como la carga humana, la cultura o la identidad que nos caracteriza. Debemos pues apostar por la convivencia y el diálogo como los pilares del desarrollo territorial que permita la participación real y eficiente de la ciudadanía en el diseño de políticas y de planes concretos.
Suele ocurrir que cuando se diseñan las políticas europeas concretas en base a una serie de objetivos o líneas estratégicas, específicamente quiero referirme por afiliación profesional y territorial a las relacionadas con el desarrollo de áreas y espacios del medio rural, no se tiene en cuenta, al menos con el peso específico suficiente, la propia idiosincrasia de las personas o comunidades a las que se dirigen, preocupándose más de aspectos generales que de las especificidades de cada territorio, y sin tener en cuenta cuáles son las inquietudes y las percepciones que con respecto a un área determinada tienen la población que más directamente tiene relación con ella, porque será quien se beneficie o perjudique con su aplicación directa, a la hora de la ejecución y puesta en marcha de los programas que la desarrollan. Los Grupos de Acción Local, integrados y participados por los diferentes agentes sociales y económicos de los territorios en los que se ubican se encuentran con una serie de imposiciones o de principios estratégicos elaborados sobre los que no tienen demasiada capacidad de maniobra, aunque si disponen de un espacio para la formulación de particularidades territoriales que puedan ajustarse o encajarse en la política de nivel superior, lo que supone cierta contradicción con respecto a lo que llamamos “enfoque ascendente participado” que articula procesos de participación en la planificación del desarrollo rural de un determinado espacio, en ocasiones muy encorsetado en determinadas acciones o actividades de desarrollo, sobre las que se articulan ayudas o incentivos, descartando otras que sin estar enmarcadas en las políticas específicas, son tanto o más necesarias que aquellas.
El reto pues de la política y programas de desarrollo rural empieza a estar en romper de algún modo esta formulación heredada que en cierto modo se nos impone, para poder contribuir desde lo que se denomina ahora “gobernanza local” o participación social en la planificación y el diseño del modelo de desarrollo que cada territorio, o mejor dicho que los pobladores de ese espacio diseñen en base a un proceso de investigación participativa, demasiado influenciado por la justificación de resultados y el logro de objetivos, y ajeno a ese valor añadido que supone disponer de un modelo de convivencia adecuado y que permitiría con las técnicas y el esfuerzo adecuados lograr un desarrollo más armónico y totalmente consensuado y respaldado con el uso del diálogo, la interacción, la empatía y la identidad específica que caracteriza a cada barrio, a cada pueblo y a cada comarca. Se trata en definitiva de que hemos de reflexionar sobre si estamos dispuestos a avanzar y progresar en base a modas o a disponibilidad de recursos económicos, más que en fundamentaciones profundas emanadas de la dinamización y sensibilización de la población local en torno a un tema concreto, cuyo éxito entiendo contribuye más a cohesionar un territorio, a fortalecerlo ante amenazas externas y sobre todo a conservarlo tal y como lo hemos heredado, logrando con ello esa sostenibilidad sobre la que tanto se habla y que casi siempre se aplica al aspecto medioambiental, ignorándose su aplicación en campos tan importantes como la carga humana, la cultura o la identidad que nos caracteriza. Debemos pues apostar por la convivencia y el diálogo como los pilares del desarrollo territorial que permita la participación real y eficiente de la ciudadanía en el diseño de políticas y de planes concretos.
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