No al desmantelamiento de los pueblos

Si hay algo de positivo en las políticas de desarrollo rural que se han venido aplicando en nuestros pueblos en los últimos 20 años ha sido la fijación de población y la búsqueda de un equilibrio entre el medio rural y el urbano, a través de la equiparación -en la medida de lo posible-  de infraestructuras y servicios, todo ello en aras de evitar el éxodo del pueblo a la ciudad y sobre todo la potenciación de actividades alternativas a la agricultura y ganadería tradicionales que mantuviesen un entorno socioeconómico adecuado y sobre todo sostenible en estas áreas. Estos territorios, generalmente alejados de grandes núcleos de población y con serios problemas de oportunidades, han puesto de relieve la pérdida de igualdad entre ciudadanos de un mismo país que, en contra de lo que debiese ser, tienen diferentes privilegios en función de donde vivan,a pesar de que a la hora de pagar impuestos se les trata del mismo modo.

Este pasado fin de semana los medios de comunicación intensificaban aún más las intenciones del gobierno de Mariano Rajoy de transformar la realidad rural a través de lo que actualmente se denomina "Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local" que -a poco que se profundice en su contenido-  viene a complementar otras acciones políticas emprendidas en los pueblos con el cuento de la eficacia, el ahorro y la sostenibilidad (viabilidad), las cuales están provocando problemas muy graves en los entornos rurales. Los cierres de los servicios de urgencia, el recorte en el transporte escolar, la disminución de las becas, los pagos de los transportes en determinados servicios de ambulancias... son un buen ejemplo de que los pueblos salen claramente perjudicados frente a los grandes núcleos de población en esta crisis económica, situación que se agrava cuando desde los gobiernos más alejados de este entorno se plantean acciones políticas tan duras, fruto sin duda de la falta de sensibilidad y de empatía con quienes hemos decidido vivir en los pueblos.

Son muchas las consecuencias nefastas que esta ley traerá a municipios pequeños y que potencian de manera directa estos desequilibrios existentes tradicionalmente entre lo rural y lo urbano. En esta ocasión, se pretende legitimar un desmantelamiento progresivo de los ayuntamientos más pequeños, es decir de la mayoría de los que se ubican en entornos rurales. Todo ello amparándose en ratios económicos que nunca fueron favorables, sin tener en cuenta otros de tipo social, en ocasiones más importantes y trascendentales para el sostenimiento de los pueblos y de sus vecinos. Y esto como se está demostrando en otros ámbitos de la administración (central y autonómica) acaba con el cierre o privatización de servicios, posiblemente un objetivo encubierto al que, si no ponemos remedio, llegaremos. Si algo ha funcionado o funciona mal parece más lógico establecer medidas correctoras puntuales, antes que proceder a un progresivo desmantelamiento político y administrativo de los consistorios. 

Por todo esto, quienes vivimos en los pueblos no podemos someternos a semejante tropelía y hemos de luchar con todos los medios a nuestro alcance para que,  finalmente esta nueva reforma no acabe cerrando nuestros pueblos y provocando la emigración masiva hacia las ciudades, retrocediendo décadas en el tiempo y volviendo a épocas negras de nuestra historia más reciente.