Por una enseñanza pública en Extremadura
Pertenezco a la generación de estudiantes de bachillerato de principios de los ochenta, de aquellos que se echaron a la calle en infinidad de ocasiones , y de un modo especial, a finales de esa década contra el entonces ministro socialista Maravall. Me considero un producto intelectual, cultural y humano de las Universidades Laborales, centros educativos que curiosamente comenzaron en la dictadura y que, a partir de los años ochenta, empezaron a abrirse y a ser uno de los modelos educativos de más prestigio en el contexto de la enseñanzas medias e incluso universitarias. Tuve el enorme privilegio de permanecer en el sistema todo el Bachiller, el COU e incluso estudiar la carrera de Ingeniería Técnica Agrícola, pasando por el Centro de Enseñanzas Integradas de Gijón (antigua Universidad Laboral) y el Centro de Enseñanzas Integradas de Sevilla, hoy Universidad Pablo de Olavide de la misma ciudad.
Conozco a muchos hombres y mujeres que, al igual que yo, pasaron por las aulas y por los internados de estos centros, la mayoría actualmente con licenciaturas y diplomaturas universitarias, y en la vanguardia de algunas de las empresas más solventes y prestigiosas de este país. Ellos, como yo, en su mayoría procedían de zonas rurales de Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura. Todos los que compartíamos internado disfrutábamos de una beca que nos permitía participar del sistema y poder mantenernos en él con la única condición de responder en el plano académico, curso tras curso, en un contexto de enseñanza pública favorable y totalmente abierto a todos los sectores y clases sociales.
Muchas veces he comentado a las nuevas generaciones de extremeños, posteriores a la mía, que tenía cierta envidia sana de ellos, del gran privilegio que tenían pudiéndose formar en Extremadura, fruto de un nuevo contexto educativo que -al amparo del traspaso de competencias- permitió ampliar la oferta, llegar a buena parte de las zonas rurales y ofrecer oportunidades a todos. Todo es mejorable, no me cabe duda, pero el avance ha sido espectacular.
Hoy he firmado el manifiesto por la enseñanza pública en Extremadura porque entiendo que sólo desde la enseñanza pública se garantiza el derecho universal de la educación y la posibilidad de que todas las clases sociales puedan llevar a sus hijos a la Universidad. Lo he hecho porque soy plenamente conocedor de sus efectos beneficiosos como he sufrido en mis propias carnes y porque me fastidiaría que mis hijos, ahora en edad escolar, no pudieran disponer de esas oportunidades que hasta ahora, han venido existiendo. La mejor inversión que el estado puede hacer es mantener el sistema educativo y la calidad de la enseñanza.
Conozco a muchos hombres y mujeres que, al igual que yo, pasaron por las aulas y por los internados de estos centros, la mayoría actualmente con licenciaturas y diplomaturas universitarias, y en la vanguardia de algunas de las empresas más solventes y prestigiosas de este país. Ellos, como yo, en su mayoría procedían de zonas rurales de Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura. Todos los que compartíamos internado disfrutábamos de una beca que nos permitía participar del sistema y poder mantenernos en él con la única condición de responder en el plano académico, curso tras curso, en un contexto de enseñanza pública favorable y totalmente abierto a todos los sectores y clases sociales.
Muchas veces he comentado a las nuevas generaciones de extremeños, posteriores a la mía, que tenía cierta envidia sana de ellos, del gran privilegio que tenían pudiéndose formar en Extremadura, fruto de un nuevo contexto educativo que -al amparo del traspaso de competencias- permitió ampliar la oferta, llegar a buena parte de las zonas rurales y ofrecer oportunidades a todos. Todo es mejorable, no me cabe duda, pero el avance ha sido espectacular.
Hoy he firmado el manifiesto por la enseñanza pública en Extremadura porque entiendo que sólo desde la enseñanza pública se garantiza el derecho universal de la educación y la posibilidad de que todas las clases sociales puedan llevar a sus hijos a la Universidad. Lo he hecho porque soy plenamente conocedor de sus efectos beneficiosos como he sufrido en mis propias carnes y porque me fastidiaría que mis hijos, ahora en edad escolar, no pudieran disponer de esas oportunidades que hasta ahora, han venido existiendo. La mejor inversión que el estado puede hacer es mantener el sistema educativo y la calidad de la enseñanza.
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