Huelga política y social

Me considero uno de los privilegiados que en este país tienen trabajo, pero no por ello dejo de manifestar una gran preocupación por mis condiciones labores y por cómo la recién aprobada Reforma Laboral me afecta desde su aprobación y en el modo en que lo hace. En algunos casos con la merma de algunos derechos muy importantes que habíamos heredado de conquistas sociales y de duras negociaciones entre empresarios y trabajadores, lideradas por algunos de los sindicatos, que hoy nos llaman -con 18 meses de por medio desde la última- a una nueva Huelga General.

En la calle, en las redes sociales e internet, en los medios de comunicación y en la mente de todos y cada uno de nosotros, existen diversidad de opiniones con respecto a la justificación o no de esta convocatoria, sobre si es una huelga al "estilo tradicional" o si se trata de una huelga política en contra del poder que rige este país, posicionado claramente del lado económico, y obsesionado con cumplir algunas exigencias que desde ese ala le marcan, alejándose en exceso del interés de la ciudadanía.

En mi opinión es una mezcla de ambas. Por un lado, los duros recortes en derechos laborales que se recogen en el Real-Decreto Ley 3/2012 justifican por sí solos -a mi modo de ver-la necesidad de movilización y repulsa sindical, máxime cuando no ha existido negociación colectiva, ni se ha establecido ese diálogo social que viene siendo tradicional en todas las reformas laborales o procesos similares realizados en la democracia (imposición frente a negociación). Por otra parte, la dureza de las medidas contenidas en el texto, parecen favorecer más al empresario que al trabajador y no preveé -como así lo reconoce el gobierno- la mejora del empleo que es lo que la ciudadanía demanda y votó con el cambio en las urnas el pasado 20 de noviembre.

Finalmente, y ante algunas opiniones y titulares que estos días se vierten sobre las fuerzas sindicales mayoritarias (UGT y CCOO) en torno a esta huelga (que si tienen intereses particulares y que si han estado adormecidos con el gobierno socialista de Zapatero, que si se han precipitado, que si no le han dado al gobierno ese margen de confianza de 100 días, etc...) solo puedo manifestar mi total y absoluto desacuerdo. En mi opinión cuando la ley sindical otorga a los sindicatos el papel de intermediación entre la empresa y los trabajadores, entre estos últimos y las administraciones, nadie -ni siquiera un gobierno- tiene derecho a excluirlos, que es lo que ha sucedido en esta ocasión y lo que ha acelerado esta huelga (política y social,) y esta indignación sindical y -no lo olvidemos ciudadana- que espero por el bien de todos prospere con éxito el 29 de marzo.