Responsabilidad política ante la imputación
Quizás haya sido demasiado tarde. Probablemente haya sido una decisión que han tomado por él desde las altas esferas del Partido Popular y que entienden es la mejor de cara a un escenario electoral próximo y con altas expectativas de éxito tras el nuevo escenario municipal y autonómico tras el 22 de mayo de 2011. La cuestión es que Francisco Camps, imputado desde hace meses por el caso Gürtel y por otras cuestiones ha dejado por fin su responsabilidad como Presidente de la Comunidad Valenciana, uno de los feudos populares con más caché en estos momentos.
No es el primero, ni será el último caso de un político aferrado a la poltrona hasta el momento final, en que el agua le llega al cuello, y unas veces por honor, otras por estrategias de partido, o ambas, acaban dejando tan ansiado puestos Los ha habido y los hay en todos los partidos y formaciones políticas, de derechas, de izquierdas y del centro.
Es precisamente una asignatura pendiente de nuestro sistema democrático, cambiar las leyes y regular nuestras reglas de juego para que, de una vez por todas, cualquier político que se precie, represente la ideología que represente, por el mero hecho de estar imputado no tenga derecho alguno a concurrir en una lista electoral, o en el caso de que ostente algún cargo público sea apartado temporalmente mientras se resuelva tal asunto. Sé que es un poco fuerte y que la presunción de inocencia debe tener cabida en nuestro estado de derecho. Pero, la verdad es que no está el horno para bollos y la credibilidad de los políticos roza sus mínimos históricos, como para no empezar a pensar en cambiar de algún modo lo que sigue siendo una tónica -no quiero decir que generalizada- en la historia de la democracia de nuestro país.
No es el primero, ni será el último caso de un político aferrado a la poltrona hasta el momento final, en que el agua le llega al cuello, y unas veces por honor, otras por estrategias de partido, o ambas, acaban dejando tan ansiado puestos Los ha habido y los hay en todos los partidos y formaciones políticas, de derechas, de izquierdas y del centro.
Es precisamente una asignatura pendiente de nuestro sistema democrático, cambiar las leyes y regular nuestras reglas de juego para que, de una vez por todas, cualquier político que se precie, represente la ideología que represente, por el mero hecho de estar imputado no tenga derecho alguno a concurrir en una lista electoral, o en el caso de que ostente algún cargo público sea apartado temporalmente mientras se resuelva tal asunto. Sé que es un poco fuerte y que la presunción de inocencia debe tener cabida en nuestro estado de derecho. Pero, la verdad es que no está el horno para bollos y la credibilidad de los políticos roza sus mínimos históricos, como para no empezar a pensar en cambiar de algún modo lo que sigue siendo una tónica -no quiero decir que generalizada- en la historia de la democracia de nuestro país.
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