Conflicto social en Vic

No me imagino que sería del censo y del padrón municipal de Guadalupe si alguien con altas dosis de xenofobia hubiera presidido el Ayuntamiento. Afortunadamente, no ha habido -o al menos no lo conozco- en ninguna formación o coalición política que haya pasado por el consistorio quien se haya opuesto a la inscripción de inmigrantes "sin papeles" en esta localidad, como se demuestra con la presencia de varias comunidades de ecuatorianos, rumanos, portugueses, etc..., que conviven con los oriundos sin problema alguno y que a buen seguro nadie les preguntó en un momento determinado por su documentación, porque sencillamente no tendría sentido y porque hay cuestiones que superan con creces el ámbito local.

Al parecer en el Ayuntamiento catalán de Vic no quiere que los inmigrantes que viven entre los vecinos de la localidad accedan a algunos derechos por el mero hecho de serlo. Quieren acabar con este colectivo de los denominados "sin papeles" con la complicidad de una normativa de ámbito local, para poder "controlarlos" y "ordenarlos". Que yo sepa y hasta dónde yo llego, esta medida que según el alcalde es integradora, no hace sino generar un conflicto social importante, que más que conciliar los intereses de los diferentes colectivos parece provocar distanciamiento y una situación de insolidaridad e injusticia tremenda. Parece claro que si existe una importante masa de "sin papeles" es porque hay intereses en la localidad y no vale utilizarlos para lo que conviene (mano de obra) y abandonarlos a su suerte a la hora de concederles algunos derechos universales (educación, sanidad...).

Además, parece obvio que este tipo de situaciones discriminatorias vulnera algunos de los derechos fundamentales, como se nos recuerda en Facebook en una Declaración institucional de CONDENA a la xenofobia en Vic que firman algunos conocidos activistas como Jaume d'Urgell : la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es contraria a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se opone a la Constitución Española de 1978 y supone una flagrante violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Como ciudadanos y demócratas convencidos no podemos mirar para otro lado y tenemos que denunciar este tipo de hechos, porque nos hacen regresar a épocas indeseables y nos convierten en monstruos, en vez de seres humanos.

1 comentarios :

Anónimo RESPONDER dijo...

Empezare por decir que yo cuando me empadrono en alguna localidad y no llevo documentacion alguna tambien se me hecha hacia atras y me pregunto el porque hay que haceptar a unos si y a otros no si incluso a los que convivimos de toda la vida aqui tambien se nos niega sin la requerida documentacion y por ultimo decir que este problema lo deberia resolver quien lo creó y es el mismisimo presidente Señor Zapatero.
fth85