Procesos de participación ciudadana

Desde que Fernández Vara tomase las riendas de esta región en el año 2007 hasta el día de hoy ha habido un denominador común en su política que a mi personalmente me interesa, e imagino que al resto de mis conciudadanos también. Me refiero a su afán por escuchar y conocer las inquietudes de las personas, por buscar espacios para el diálogo y la cooperación ante los problemas cotidianos de índoles diversas, y en definitiva por tender puentes entre lo público y lo social. Se trata de la democracia participativa, un modelo político que rompe el tradicional hermetismo del poder y de la gestión pública, otorgándole cierta legitimidad a la ciudadanía, potenciando espacios de atención a las necesidades directamente demandadas por la sociedad civil. La propia Constitución Española en su artículo 9 nos dice “ ... corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social…”. La participación ciudadana es el máximo exponente de una democracia participativa, complementaria de la representativa tradicional; y a la vez también expresión de un nuevo contrato social entre los poderes e instituciones públicas, y la ciudadanía y la sociedad civil. La aplicación de este modelo (e-gobierno) requiere de nuevas vías de consulta, de escucha y de participación, que encuentran en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, unas excelentes compañeras de viaje, como se ha demostrado en experiencias surgidas en el ayuntamiento de Cáceres.

El entorno rural extremeño supone el 60 por 100 de la población regional y por tanto un excelente potencial para la aplicación y puesta en marcha de herramientas para la participación, máxime cuando este tipo de espacios tienen algunos inconvenientes endémicos que necesitan de la cooperación interpersonal y de una organización social mayor. La impronta del gobierno de Vara, su compromiso personal en esta fórmula de gobierno y su sensibilidad con las zonas rurales, está haciendo posible la puesta en marcha de un movimiento social sin precedentes en esta región, que fue aprobado mediante el Decreto 113/2008 y cuyos pilares comienzan a construirse en las comarcas extremeñas. El objetivo del proceso de participación que se regula en esta norma es “conseguir y mantener un nivel adecuado de participación de la ciudadanía de zonas rurales, dirigido al desarrollo personal, socieconómico y cultural de los ciudadanos/as y que les permita ser protagonistas en el desarrollo presente y futuro de su zona”. Para quienes llevamos algunos años trabajando con la sociedad civil y aplicando en mayor o menor grado este tipo de herramientas estratégicas, es un alivio y una satisfacción el que exista esa voluntad firme y ese empeño desde el gobierno regional, porque no nos engañemos, el éxito o el fracaso de las políticas depende de que satisfagan en mayor o menor medida las necesidades reales de los ciudadanos y esto, entre otras cosas, solo es posible cuando existe una comunicación fluida entre gobierno y gobernados, y una implicación directa en la planificación y gestión de los recursos públicos.

Lo importante ahora es aprovechar esta coyuntura y marco legal, que supone una oportunidad insólita , al menos en lo que a la implicación directa de un gobierno se refiere. Disponer de esta herramienta para estructurar y organizar la sociedad civil puede ser útil y revolucionario, siempre y cuando el compromiso no solo se realice con palabras y gestos, sino también con recursos económicos y con cierto grado de garantía y de cumplimiento de las expectativas que ya han comenzado a generarse. Por tanto, que fluya el diálogo, que se escuche la voz del mundo rural, y que poco a poco, se vayan soltando algunos lastres que cada día que pasa nos ahogan con mayor intensidad.