En junio subirán los salarios

Los estragos que está causando la crisis económica comienzan a notarse en nuestros entornos más inmediatos, y lo corroboran las noticias que nos llegan a través de los medios de comunicación. Sube el paro, cierran las inmobiliarias, dejan su actividad un gran número de autónomos, suben los precios, los agricultores y ganaderos abandonan en muchos casos...
Realmente, lo que al principio parecía iba a ser "más ruido que nueces", está comenzado a causar problemas serios entre la gente, sobre todo quienes no tienen un salario digno, o al menos lo suficientemente grande como para poder mantener algunos gastos que antes eran posible. Una de las medidas "de perogrullo" que nos ha comunicado el Secretario General de la UGT es la se subir los salarios, y realmente es una buena medida, con la que estamos todos de acuerdo, pero que no parezca vaya a ser la tónica general en los próximos meses, dada la incertidumbre del panorama política y la desorbitada subida del IPC, que cuando menos anima a la austeridad y al ahorro en costes, entre ellos los salariales, pues evidentemente si se incrementan los salarios también lo hacen los costes sociales que los empresarios deben pagar.
El hecho de que el Consejo de Ministros diese luz verde ayer a la rebaja fiscal de los 400 euros, lo cual me alegra porque en las próximas nóminas que restan del año (de junio a diciembre) voy a recibir algo más de lo previsto , parece una buena iniciativa en la línea de incrementar los salarios, pero me imagino que este detalle del gobierno, con buena intención y una promesa electoral, no será suficiente para corregir los desequilibrios que ya se están produciendo en la economía, como el incremento de parados o la subida de precios.
Todo lo que sea ayudar a las familias a pagar las hipotecas, bienvenido sea, pues este gasto según datos del Banco de España ha alcanzado los 887.426 millones de euros, el 10,6 por ciento más que hace un año pero tan sólo el 1,3 por ciento más que en diciembre de 2007. La mayor parte de estos más de 887.000 millones de euros, el 74 por ciento, corresponde a la financiación de vivienda, una de las necesidades vitales y un derecho constitucional.

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