El futuro de los pueblos pequeños en peligro

Después de muchos días de abandono de este espacio, en buena parte debido al disfrute de un periodo vacacional, me veo en la obligación de expresar mi opinión y mi indignación por los últimos acontecimientos políticos, en concreto por la reforma de la ley que regula las competencias de los ayuntamientos en nuestro país. Me explico:

El pasado viernes haciendo oídos sordos de miles de alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeños -además de al Consejo de Estado- el Consejo de Ministros de nuestro país dio luz verde a la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local) que se perfila -en mi opinión- como un atentado a la democracia y a una trayectoria competencial municipalista de muchos años, además de convertirse en una auténtica amenaza para el medio rural y para las personas que hemos decidido vivir en él, porque entendemos que es infinitamente más saludable y porque no nos resignamos -a pesar de los desequilibrios existentes con respecto a las ciudades- a dejar abandonado el terruño por el que lucharon nuestros antepasados. 

Quienes vivimos en un pueblo sabemos de las necesidades y también de la importancia que el Ayuntamiento tiene de cara a la prestación de servicios, al empleo y también a la cercanía que supone disponer de un gobierno local, compuesto por personas elegidas democrática y directamente por los vecinos a través del sufragio universal que nuestra constitución española recoge en su texto y que parece también peligrar con esta nueva provocación del gobierno de Rajoy. 

 A poco que he profundizado en el texto he podido vislumbrar de manera muy nítida que el trasfondo de este nuevo atentado a la democracia -uno más en esta legislatura- es acabar con el carácter público de algunos de los servicios públicos que se prestan hoy por los consistorios, tales como el abastecimiento de agua, la recogida de basura o la limpieza viaria. 

 Se pretende dar carpetazo a toda una historia reciente del municipalismo en España y potenciar la gestión de servicios desde las Diputaciones provinciales, con lo que eso significa de obligatoriedad de licitación y privatización de servicios públicos y por tanto, de pérdida de empleo y de desaparición de las empresas más pequeñas, algunas de ellas locales. Eso, sin dejar de lado que la palabra privatización lleva siempre aparejada el encarecimiento del servicio. 

 Llama poderosamente la atención la poca información que ha trascendido sobre esta aprobación y sobre las consecuencias que podrían generarse con su puesta en marcha. Y digo esto porque todo parece indicar que de manera claramente intencionada se está manipulando en los medios el verdadero alcance de esta ley, vistiéndola como otras reformas realizadas en la legislatura, como la laboral, o la Ley de Educación, con parámetros economicistas olvidándose de las personas, de los ciudadanos... es decir de la sociedad. Los ciudadanos "de pueblo" no podemos mirar para otro lado, siendo testigos pasivos de un auténtico robo de vida democrática, de independencia política y de privatización de servicios, encubiertos bajo el paraguas de una ley que pretende justificarse con cifras económicas y con ahorro, cuando ya hay ejemplos de sobra en nuestro país y en todos los ámbitos sobre cómo afecta el cumplimiento de déficit y esta eficiencia que antecede a la privatización, y que sólo piensa en el beneficio económico sin tener en cuenta en absoluto el beneficio social, que es mucho más importante en el medio rural y en los pueblos pequeños. 

Creo que quienes defienden el contenido y la aplicación de esta ley no conocen la realidad rural, ni de lejos. Los pueblos pequeños y la historia democrática vinculada a ellos ha evolucionado de manera notable en los últimos 30 años, gracias a un compromiso político de todos los gobiernos que hasta ahora han comandado nuestro país, especialmente las políticas europeas que han permitido inversiones millonarias a través de los fondos estructurales, todo ello con el objeto de equiparar las zonas más desfavorecidas de la Unión Europea, ubicadas en su mayoría en espacios rurales. 

Esta reforma que se pretende realizar, tal y como ha salido del Consejo de Ministros, me parece una auténtica bofetada a las personas que vivimos en los pueblos, pero también una falta de respeto a todos esos gobiernos que han trabajado para lograr ese equilibrio entre lo rural y lo urbano, para que no existan ciudadanos clasificados por categorías en función del lugar -ciudad o pueblo- en el que vivan. En definitiva un auténtico despropósito a quienes nos sentimos "Ruralitas" y deseamos seguir siéndolo el resto de nuestra vida.

Espero que la cordura vuelva al gobierno y finalmente haya marcha atrás en esta auténtica bomba de relojería.